Otra vez el desabastecimiento, los cupos y la falta de producto. Una situación que se repite y se agrava año tras año.
Pasó un año desde la última cosecha gruesa y nada ha cambiado con respecto al abastecimiento de gasoil. La ausencia de producto en cantidades indispensables para cumplir con las necesidades coyunturales sigue siendo una constante, con el agravante de que la situación no es tenida en cuenta por los responsables de hacer cumplir las leyes, salvo que alguna denuncia aislada tome difusión.
Un ejemplo de ello fue la repercusión alcanzada por el incremento del precio del combustible por parte de Esso, noticia que fue rápidamente reivindicada por los funcionarios de esa compañía quienes, simultáneamente negaban la medida la confirmaban. Esta nueva modalidad de aumentos sectorizados por regiones (carriles internacionales, según la visión de la empresa) debería llevar otro nombre, ya que parecería ser que si la suba no se produce en Buenos Aires, cuenta con una denominación distinta. El punto es que el Gobierno -rápido de reflejos para defender su política de precios congelados- advirtió por boca del ministro de Planificación Julio De Vido que "no hay ningún justificativo para que aumente el precio de la nafta. En la Argentina trabajamos con costos argentinos y no se va a dejar de tenerlo mientras siga nuestra gestión. No habrá más tarifas ni precios en dólares", una declamación mediática sin implicancias que no causó ningún efecto retroactivo en la decisión de la petrolera.
No está en el espíritu de esta nota discutir la potestad de la empresa sobre los valores a los que deben comercializar los hidrocarburos que producen, pero sí las implicancias que apareja la medida. Si bien es cierto que la adecuación del precio de los combustibles es un reclamo generalizado de los expendedores, quienes señalan que en las actuales circunstancias no se pueden afrontar los costos fijos derivados de la explotación de los negocios (sueldos, impuestos, insumos, mantenimiento), también es irrefutable que de mantenerse los actuales márgenes de comercialización y la composición impositiva que gravan a los combustibles, no existirán condiciones para la recuperación del sector.
Hoy, la estrategia proselitista del gobierno con vistas a un 2007 eleccionario es pactar con las empresas -en este caso las petroleras- los precios de los combustibles al público, omitiendo en tales convenios considerar los índices de rentabilidad imprescindibles para que las estaciones de servicio puedan operar sin quebrar. Tampoco actúa rígidamente sobre el informal abastecimiento de gasoil que debería estar garantizado a pesar que las compañías se encuentran trabajando con su capacidad instalada a pleno, pero insuficiente ante una mayor demanda surgida a partir del crecimiento de las áreas sembradas y la recuperación de la industria.
Sin beneficios y sin combustible, las estaciones de servicio se encuentran a las puertas de un estado irreversible que lleva varios años sin solución y por el que han cerrado 2.500 establecimientos y al menos otros mil más se encuentran ante el inminente cese de actividades. Sin más demoras se torna imprescindible llamar a la reflexión a las autoridades del área para revertir la situación de estas Pymes, que como señaló la Federación de Expendedores en un comunicado "es el único eslabón de la actividad que permanece en manos de argentinos".
Surtidores.com
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