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Principal > Notas de Interés > Derecho Civil > Contratos Típicos y Atípicos (Nominados o innominados) - Contratos de Adhesión >
Contratos Típicos y Atípicos (Nominados o innominados) - Contratos de Adhesión

Introito:
Nuestro Código Civil, al referirse a los contratos, los diferencia o categoriza en nominados e innominados según tengan un tratamiento específico o especial en dicho cuerpo legal, es decir, que dicho código los regule de modo concreto o no. Existen otras legislaciones que mantienen dichas acepciones, pero lo cierto es que en la actualidad se ha abierto paso el llamarlos Típicos o Atípicos. Entonces, son contratos Típicos aquellos que están específicamente contemplados y regulados en la ley y atípicos los que no lo están.
 
Lo relevante a tener en cuenta, no es entonces la designación que se le dé a la categorización sino la circunstancia que tanto los elementos, el funcionamiento y las particularidades están tratados mas o menos específicamente (compraventa, comodato etc.), y en los Atípicos (o innominados)   son las partes contratantes las que, conforme las particulares e individuales necesidades, van diseñando y delineando el acuerdo (contrato), lo que a su vez trae algunos problemas de interpretación cuando el convenio no ha sido bien concebido, quedando en el intérprete ajustar las normas a las cuales se debe acudir para una correcta dilucidación en caso de conflicto.
 
La gran movilidad social y los cambios permanentes en las modalidades de contratación y en el tráfico jurídico, han hecho que este tipo de contratos Atípicos sean utilizados cada vez con mayor frecuencia, porque la complejidad de los negocios actuales y la libre voluntad de los contratantes amerita salirse de los modelos tradicionales de contratación.
 
Hay veces que determinadas contrataciones semejantes se tornan muy frecuentes, por lo que si bien en principio son contratos Atípicos, con el tiempo, el uso y la costumbre se van tornando típicos, de modo que van adquiriendo un tratamiento mas o menos uniforme o semejante por la doctrina y jurisprudencia. A este fenómeno, algunos lo llaman tipicidad social, por ser aceptados sin mayores tapujos por la sociedad, tal por ejemplo el contrato de distribución, de agencia, de concesión etc. etc. que en muchos casos son utilizados por las grandes empresas a fin de facilitar su cadena de comercialización.-
 
En cuanto a la validez de estos contratos Atípicos, digamos que los mismos son plenamente legítimos y permitidos en tanto y en cuanto sean lícitos y por tanto no afecten la moral y las buenas costumbres.-
La licitud  debe verificarse en cada caso particular, trátese del contrato Típico o Atípico, para comprobar si se respetan los principios generales de buena fe y causa lícita. En otros términos, hay que fijarse en cada caso concreto que los límites que impone el ordenamiento jurídico a la libre voluntad no sean excedidos o sobrepasados.
 
Parte de la problemática que ha generado estos contratos Atípicos, son los llamados comúnmente “Contratos de Adhesión” por lo que la doctrina y legislación se han preocupado en poner un límite en protección de la parte mas débil, cual es la que adhiere a las condiciones preestablecidas por el proponente sin posibilidad de discutirlas. Por ello, es en este tipo de contratos donde cabe mayor rigor a la hora de analizar la licitud o validez de las clausulas predispuestas.
Es de hacer notar, que son muchos los casos en que el que predispone las clausulas las redacta de manera abusiva, y nuestro Código Civil no contempla de manera acabada un tratamiento especifico para la desigualdad negocial que se establece entre las partes en  un contrato de contenido predispuesto y con cláusulas abusivas, razón por la cual es necesario un correctivo y eso es lo que vienen reclamando los juristas modernos a fin de adecuar el derecho a la realidad vigente.
 
¿Qué son los contratos de adhesión?
Se trata de aquellos contratos en los cuales una de las partes pone las condiciones, lo redacta, establece todas las pautas del mismo y la otra sin posibilidad de discutir o consensuar  se limita sólo a aceptar el contrato tal como se le presenta o bien apartarse de él. Por lo tanto las partes están en situaciones claramente desiguales.-
Es innegable su ventaja para las grandes empresas al permitir la normal circulación de bienes y servicios en una economía de masa, pero también es indiscutible que mediante su empleo se llega a menoscabar la libertad de opción de los individuos.
La solución estará, entonces, en encontrar el adecuado contralor a las condiciones generales y particulares impuestas al contratante “débil”.
Cuando el contratante emite su declaración de voluntad, lo hace con discernimiento, con intención, pero con una libertad viciada por la “presión” que ejerce el estipulante sobre el adherente a través de condiciones generales.
Las condiciones generales serán objeto de revisión o anulabilidad judicial en tanto y en cuanto le ocasionen al adherente un perjuicio.-
 
La moderna ley 24.240 es la receptora mas clara de todos estos principios que se vienen elaborando en torno a tratar de dar mayor protección al contratante más débil, y es tomada por algunos autores y jueces como una especie de “código civil” para resolver por analogía diversas controversias que, utilizando la vieja concepción civil, se dejarían de impartir verdadera justicia.
 
Esta tarea, posible en el actual estado de las ideas jurídicas y solo concebible desde una superación del individualismo, ha sido afrontada a partir de una acertada conciliación entre la  autonomía privada (y su corolario: la libre contratación) y el principio de justicia en los intercambios, cuyo resultado final es una dinámica convencional respetuosa de la libertad individual a su vez que tuitiva de la justa conmutatividad contractual.
 
Como se expuso con anterioridad, el Código Civil, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia imperante en la época, adoptó la noción clásica voluntarista con basamento en la libertad de contratación, clara manifestación de la autonomía de la voluntad. Pero los profundos cambios operados en la sociedad, las variadas necesidades del hombre en la actualidad, las características de las contrataciones modernas y la desigualdad económica sobreviniente como consecuencia de la concentración de las empresas y la multiplicación de los cambios económico–sociales, han demostrado que las soluciones previstas por el Código Civil a los fines de mantener la equivalencia de las prestaciones y paliar el desequilibrio producido en perjuicio del adherente (más débil del negocio), aparecen insuficientes, siendo preciso que, hasta que se dicten las nuevas normativas,  los Jueces atiendan a las particularidades de los contratos de contenido predispuesto a la luz de la nueva concepción jurídica. Esta es una tarea encomiable que los jueces están llamados a realizar y que resulta ineludible para la solución justa de las contiendas que llegan a sus estrados.
 
Asimismo,  deben destacarse las normas referidas al interés general, el orden público, la moral y las buenas costumbres contenidas en los art. 19, 21 y 872, que a modo de directiva general deben observar los negocios jurídicos. En el ámbito de los contratos, el Código establece normas que fijan el principio de la buena fe (art. 1198), pilar de todo sistema contractual ético, fijando asimismo la posibilidad de demandar la nulidad cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza, inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación (art. 954). Y  a dichas previsiones deben agregarse las facultades otorgadas a los jueces en determinadas circunstancias por las que se les permite fijar la modalidad de cumplimiento de las obligaciones de los contratos (561, 576, 656, 618, 620, 622, 752, 1171, 1548, 1635, 2056, 2095).
 
Con la sanción de la ley de Derechos del Consumidor 24.240, a lo largo de su articulado se ha atendido particularmente a la defensa y resguardo de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, llenando de esta forma el vacío legislativo que el actual desarrollo social y económico tornaba imperioso su dictado. Debe destacarse especialmente la finalidad netamente tuitiva de la norma, en clara protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios (art. 1º), que a diario ven menoscabados, avasallados sus intereses, quedando virtualmente minimizada su voluntad en tanto polo débil de las contrataciones, frente a quien concentra el poder de negociación.
 
Uno de los “principios rectores” de dicha normativa –aplicable por analogía a otras situaciones no contempladas en dicha ley- es el  contenido en el art. 37, que  sienta el criterio de interpretación de las cláusulas abusivas o excesivamente gravosas impuestas en favor del predisponente, estableciendo su ineficacia.
 
En su texto claramente se advierte la intención del legislador de mantener la eficacia del contrato, dejando sin efecto las cláusulas prohibidas o abusivas que produzcan un desequilibrio evidente entre las partes.
 
¿Que es una cláusula abusiva?
La Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento, un desequilibrio o desventaja importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no exista negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.-
 
En consecuencia la cláusula predispuesta no es abusiva cuando:

  • No escapa a los designios de la ley,
  • No impone condiciones gravosas innecesariamente,
  • No viola la buena fe contractual,
  • No es contraria a las buenas costumbres,
  • No colocan al proveedor en una posición de manifiesta superioridad, ya que, por ejemplo,  no le permite:
    • Modificar una condición contractual en cualquier momento,
    • Violar el principio de reciprocidad, pues se libera de obligaciones  o sanciones que en ocurrencia de caso similar le son impuestas al otro,
    • Prorrogar la jurisdicción natural haciendo renunciar a la misma o bien haciendo aparecer como que de conformidad se someten a la del superior.-
 
A título de ejemplo, una de las cláusulas predispuestas que suelen ser abusivas en este tipo de contrato, es la cláusula que establece la prorroga de la jurisdicción, obligando al contratante mas débil a tener que acudir a los Tribunales del domicilio del contratante fuerte.
Si bien la prorroga voluntaria de jurisdicción es válida en nuestro derecho, no por ello en determinados casos resulta un abuso, y como estamos hablando de contratos de adhesión, recordemos que el contratante menor no tuvo oportunidad de negociar o consensuar nada, debiendo aceptar esta cláusula de prorroga de jurisdicción.
 
Imaginemos una persona que resida en un pueblo del interior de Córdoba que compra una plancha de uso doméstico cuyo valor no excede los $ 150. Frente a un desperfecto grave de ésta y ante la falta de reconocimiento por parte del fabricante, el adquirente se vería obligado a tener que litigar seguramente en los tribunales de la Capital Federal que es el domicilio del fabricante, debiendo afrontar todos los gastos que ello irroga y que superarán holgadamente el valor de la plancha.
 
Otro ejemplo de abuso que normalmente aparece en estos contratos (y que en varias oportunidades nos ha tocado actuar), son los contratos que se firman entre las Petroleras y los dueños de estaciones de servicio. Estos son contratos donde el estacionero nada puede discutir, y frente a él se encuentra nada mas ni nada menos que una de las empresas mas grandes y poderosas del mundo.-
 
Pues bien, un pequeño estacionero de algún pueblo del interior tiene firmado un contrato en el cual se estipula que en caso de controversia deberá hacer valer sus derechos ante los tribunales de Capital Federal. Sin duda esto significa un abuso del poder dominante que debe ser corregido por los jueces.-
 
Sostenemos por tanto, que la cláusula predispuesta mediante la cual se traslada la jurisdicción  territorial a la Ciudad de Buenos Aires  imposibilitando a la parte débil a acceder a  su Juez natural es abusiva, nula e inoponible (“La nulidad parcial de una disposición en el acto no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables” (art. 1039 del C. Civil).
Debe destacarse el rol fundamental que desempeña la buena fe en las relaciones contractuales. La lealtad, corrección y rectitud que se deben recíprocamente los contratantes los obliga a desarrollar una conducta activa y diligente, haciendo todo lo posible para que el convenio alcance la función práctica y económica que tuvieron las partes en la mira al tiempo de su celebración. La buena fe se erige como criterio rector de interpretación de los contratos, que guía a los tribunales en la solución de las cuestiones llevadas a su conocimiento.
Los elementos que caracterizan una cláusula abusiva son:
a) que no hayan sido negociadas individualmente,
b) que el co-contratante no haya podido participar o influir en su contenido,
 y c) que su contenido constituya una infracción a las exigencias de la buena fe que debe primar en todo contrato.
 
En este contexto, ¿Resulta posible considerar como cláusula abusiva a la estipulación que introduce la prórroga de jurisdicción en los contratos no paritarios?
La cuestión central se plantea cuando la jurisdicción pactada es inaccesible para el contratante débil, por lo general en virtud de las distancias y los costos derivados de litigar en otras provincias, volviendo así ilusoria cualquier pretensión de hacer valer sus derechos. De modo entonces que serán los jueces (interpretes) los que deberán corregir estas desigualdades.-
 
Entonces, asumimos que constituye un derecho inalienable de todo contratante el de obtener un efectivo acceso a la justicia, y podemos concluir afirmando que la cláusula de prórroga de jurisdicción resulta abusiva desde el momento que el contratante inferior  se ve obligado a “renunciar –de hecho-” a sus reclamaciones por verse impedido de litigar en otra jurisdicción.
 
En cuanto a la Interpretación y al Régimen legal aplicable en este tipo de contratos, el tema crucial radica –ante la carencia de normas que los regules de modo específico- en establecer las normas o reglas a las que será necesario acudir para interpretarlo adecuadamente.-
 
A nuestro criterio, se debe utilizar la misma metodología que se usa para la interpretación de los contratos Típicos (nominados), esto es,  se debe respetar a las normas “imperativas” consagradas en la ley y, luego, a lo acordado por los contratantes; y para el supuesto de un vacío previsional, a las normas supletorias mas semejantes (por analogía) contenidas en la regulación de los contratos Típicos.-
 
Dr. Mario López Villagra

Abogado

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