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Principal > Notas de Interés > Derecho Civil > Usurpación y Restitución del inmueble >
Usurpación y Restitución del inmueble

1.- Introducción

El delito de usurpación, perteneciente al capítulo de los delitos contra la propiedad, se encuentra previsto dentro del catálogo de delitos previstos en el Código Penal desde 1921 (ley 11.179), aunque no permaneció intacto desde entonces.

 

Una de las modificaciones que experimentó, fue la ocurrida el 7 de marzo de 1995 mediante la ley 24.454, en la cual se elevó la sanción a imponer y se modificó el primer inciso del artículo, tanto respecto de los medios comisivos como los resultados.

 

La ampliación de los medios posibles para la comisión del delito aumentó notoriamente las conductas calificadas como delito, incrementando aun más la penalización de los conflictos familiares o vecinales que, con una buena conducción por parte de personal especializado, no necesitaría de la intervención Estatal.

 

A esto se sumó, en el ámbito de Nación, la posibilidad de restituir tempranamente el inmueble a quien demostrara poseer verosimilitud en el derecho de poseerlo. Ello, se traduce en que, antes de haberse realizado un juicio respetuoso de las garantías constitucionales, en el que se declare culpable al imputado, se lo expulsa del lugar en el que reside para otorgárselo a quien se presente en el proceso como víctima.

 

Esta normativa se calcó en el procedimiento de la Ciudad sin mayores debates al respecto. Por ello, mediante el presente trabajo, intentaremos mostrar cuáles son las razones por las cuales la restitución de inmueble, prevista en el segundo párrafo del art. 335 del C.P.P, no debe integrar el texto del Código.

 

Para lograr ello, será necesario, en un primer lugar, hacer una descripción de cómo es el procedimiento de la Ciudad. Luego, utilizando la normativa que sirvió de base para la redacción del art. 335 del CPP, es decir, el Código de rito de Nación, creemos posible demostrar que las razones por las cuales se aplica en nación no tienen asidero en el procedimiento local.

 

2.- El delito de usurpación (art. 181 CP)

 

Ya desde hace mucho más de una década, la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la reforma constitucional de 1994, viene experimentando progresivamente un proceso para lograr su autonomía. Este camino que se viene recorriendo, lento pero constante, obtuvo como resultado hasta la fecha, en lo que refiere al traspaso de competencias penales de la Nación a la Ciudad, dos Convenios de Transferencia de Competencias firmados por los representantes de los Poderes Ejecutivos y luego homologados por los respectivos Poderes Legislativos.

 

El primero de ellos, (aprobado por la ley nacional tal y la local tal, que entró en vigencia con fecha tal) implicó el traspaso de los delitos comprendidos por los arts. 189 bis, tercer párrafo y 189 ter del C.P.

 

El segundo Convenio fue firmado el 1° de junio de 2004 (Nº 14/GCBA/04). Posteriormente, con fecha 1° de abril de 2007, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 2257, por medio de la cual se aceptaba el nuevo traspaso de competencias penales. Por su parte, el Congreso de la Nación se hizo esperar, y recién el 28 de marzo de 2008 promulgó la ley 26357, la que entró en vigencia el 9 de junio de 2008, mediante la cual se hacía efectivo el tan esperado traspaso de delitos.

 

Los que se transfirieron en este segundo paquete fueron taxativamente las lesiones en riña, abandono de personas, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina y los tipificados en las Leyes Nº 13.944, 14.346 y artículo 3º de la Ley 23.592.

 

Así fue como hoy la Ciudad tiene la posibilidad de juzgar el delito que nos convoca.

 

3.- El Código Procesal Penal de la ciudad

 

El Código Procesal Penal de la Ciudad, entró en vigencia el 30 de octubre de 2007 a través de la ley 2303 (publicada en el Boletín Oficial N° 2679 del 8/5/2007) con la pretensión de dejar atrás la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación en el ámbito local, no sólo en el entendimiento de que la Ciudad debe tener su propia legislación en materia procesal, sino para adaptar este procedimiento a las pautas constitucionales, lo que sería imposible con el Código de Nación.

 

Esta nueva ley vino de la mano con el segundo convenio de traspaso de competencias penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, a las que nos referimos en el apartado anterior.

 

De una lectura del cuerpo normativo, se puede observar, sin esfuerzo, que se trata de un procedimiento básicamente acusatorio (cumpliendo con la manda de la Constitución local dispuesta en su art. 13, inc. 3°), oral, rápido, expeditivo, con plazos evidentemente menores que los dispuestos en el proceso nacional, y con la intervención protagónica del Ministerio Público Fiscal.

 

Este, es el encargado de llevar adelante la investigación preparatoria, y su finalidad principal es llegar a la solución del conflicto (cuestión que desarrollaremos más adelante), mediante las vías legalmente previstas, o promover o desechar la realización del juicio.

 

La investigación preparatoria es desformalizada (art. 94)[4], en tanto el Fiscal puede delegar los actos que deban ser formalizados, en personal a su cargo, en investigadores de las fuerzas de seguridad o en investigadores dependientes del Ministerio Público Fiscal (Oficina de Investigaciones Judiciales).

 

Asimismo, deja de existir la idea de expediente tal como la conocíamos. Durante la investigación, el Fiscal podrá tener un legajo de investigación, en el que habrá constancias y pruebas que le sean útiles a los fines de elevar una causa a juicio. Pero en manera alguna será necesario que el Juez, a los fines de resolver una cuestión planteada en audiencia, acceda a ese expediente. La parte deberá probar en audiencia, y ante la contraparte, las afirmaciones, sin remitirse al legajo.

 

Al respecto, junto con el nuevo Código, determinadas resoluciones del Consejo de la Magistratura han hecho operativo el sistema informático JusCABA, sistema por el cual, todos los pasos procesales de la causa se suben a una página web y pueden ser observados por todos los actores del proceso. Estos pasos llevan una clase de firma digital, que hace a la legalidad del documento.

 

A su vez, se utilizan también los medios informáticos a los fines de realizar notificaciones, citaciones, y emplazamientos. Otro de los avances en lo que refiere a la utilización de la informática, lo podemos encontrar en el art. 56 del CPPCABA, que dispone la posibilidad de, en lugar de constituir domicilio, otorgar al Tribunal una dirección de correo electrónico.

 

Estas nuevas normas, no hacen más que demostrar el interés del legislador y de los actores judiciales de acortar los procesos, buscar la efectividad y la eficiencia de la mano con la utilización de los medios y tecnologías que se tienen al alcance.

 

En el mismo orden de ideas se ha expresado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a que “la INTERNET -a través del correo electrónico- se presenta como la interfase ideal entre la administración pública y la Ciudad, por las ventajas de organización hipertextual de los documentos y la posibilidad de comunicaciones seguras a distancia”.

 

A todo esto se suma que los plazos de la investigación preparatoria son de tres meses. Si el término resulta insuficiente, el Fiscal debe solicitar al Fiscal de Cámara la prorrogarla hasta dos meses más. Ahora bien, en los casos de suma gravedad, el Fiscal puede solicitar que la prórroga exceda dicho plazo al Tribunal, el que no podrá excederse de un año a partir de la intimación del hecho (art. 104).

 

Ante esta normativa, por Resolución FG 72/08[7], la Fiscalía General reglamentó internamente las formalidades y requisitos a tener en cuenta para que proceda la prórroga de la investigación.

 

Al respecto se estableció que la solicitud deberá “ir necesariamente acompañada de una somera aunque precisa indicación de las medidas investigativas llevadas a cabo durante el período ya transcurrido, a fin de reflejar el panorama de la naturaleza de la investigación y el modo en que… el término originario que el Código Procesal prevé en el art. 104 ha resultado razonablemente insuficiente”. Esta disposición tiene como fin que, el superior jerárquico cuente con los elementos suficientes para ponderar adecuadamente el caso y decidir sobre su prórroga.

 

En la misma resolución se establecieron expresamente en qué casos no procede la prórroga de la investigación, entre ellos se encuentran las siguientes situaciones: 1) cuando no se encuentran pendientes de producción diligencias o medidas tendientes a descubrir la verdad de lo sucedido, la materialidad del hecho o la responsabilidad del imputado; 2) cuando la solución alternativa del conflicto sea sólo potencial; y 3) si la posibilidad de utilizar medios alternativos de solución de conflictos no pueda ser alcanzada en tiempo oportuno por razones atribuibles al imputado y que no encuentren debidamente justificadas.

 

Esta reglamentación limita considerablemente la posibilidad de que el Fiscal de Cámara conceda la prórroga de la investigación, y refuerza la idea de que la regla en el procedimiento de la ciudad es que este sea corto.

 

Por último, no podemos dejar de mencionar los amplios criterios de oportunidad que posee el Ministerio Público Fiscal, ya que en virtud del art. 199, el Fiscal tiene facultades de archivar la causa, aun sin intervención del Juez.

 

Con todo esto, sólo queremos demostrar que, de la manera en que se encuentra estructurado el procedimiento de la Ciudad y reglamentada la actuación del Ministerio Público Fiscal, los procesos no pueden ser de larga duración, deben ser expeditivos y eficaces, previéndose la resolución del conflicto en el menor tiempo posible, y sin las dilaciones que la burocratización del sistema imprime.

 

4.- El origen de la regulación de la restitución de inmuebles

 

Si bien, como se sostuvo más arriba, el nuevo Código Procesal Penal de Ciudad es superador de su antecesor, el Código Procesal Penal de Nación, no menos cierto es que, algunos vicios de este último fueron incorporados a la nueva legislación.

 

Entre los mencionados vicios, y el que nos interesa a los fines del presente trabajo, nos encontramos con el instituto regulado en el art. 335, último párrafo del CPPCABA. Dicho apartado reza: “en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posición o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo considera necesario”. En el debate parlamentario que se llevó adelante respecto de la ley 2303, nada se expresó en lo referente al presente artículo.

 

En virtud de este silencio por parte del legislador, corresponde que investiguemos si el origen de la disposición proviene de otra normativa. A una primera vista, no es difícil observar que, el antecedente de dicho artículo es el incorporado por la ley 25.324 como art. 238 bis del C.P.P.N., el que dispone que “en las causas por infracción al art. 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento, el juez, a pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil. El juez, podrá fijar una caución si lo considerare necesario”.

 

En consecuencia, para entender las razones de la inclusión al cuerpo normativo, tenemos que remitirnos a las razones de su incorporación al Código Procesal Penal de la Nación.

 

Al respecto, la ley 25.324 tuvo su origen en el mensaje enviado del Poder Ejecutivo N° 297, de fecha 6 de marzo de 1999, mediante el cual se sometía a consideración del Congreso de la Nación un proyecto en el cual se modificaba el art. 181[8] del Código Penal y se proponía la incorporación del el art. 311 ter del CPPN.

 

Las causas que se esgrimieron, y a las cuales adhirió la comisión de Legislación Penal, fueron dos. La primera giraba en torno a la finalidad del Derecho Penal como garantizador inmediato de los derechos de la víctima. En base a ello, se sostuvo que las medidas precautorias o cautelares de carácter real o económico, entre las que se cuenta con la recuperación de los bienes objeto del hecho delictivo, eran los medios adecuados para garantizar “uno de los principios generales de la instrucción penal, así como una de sus finalidades”, como lo es garantizar los bienes motivo del delito.

 

La segunda de las razones, y que se deriva de la anterior, era la larga duración de los procedimientos penales, que, en definitiva, implicaban un nuevo perjuicio a la víctima. Se alegó que el perjudicado “deberá esperar la sustanciación de un proceso penal”, en general largo, “para poder obtener la entrega del inmueble que fuera usurpado”, insistiendo que “la solución penal no da respuesta a la necesidad de garantizar inmediatamente los derechos del titular afectado”.

 

Es que, aun ante la posibilidad de que el damnificado pueda promover acciones no penales ya sea por vía de interdicto o juicio de desalojo, estos procesos implican mayores dilaciones en virtud de las “contingencias procesales necesarias para asegurar la bilateralidad del proceso y el debido derecho de defensa”.

 

Por ello, y para evitar los retrasos que implica el respeto al derecho de defensa, necesario en todo Estado de Derecho, se previó que, “constatada prima facie la usurpación, deberá de inmediato ser reintegrado el inmueble a quien ejercía la posesión o la tenencia de aquél al momento del desalojo”.

 

La redacción propuesta rezaba de la siguiente manera: “artículo 311 ter: En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o prisión preventiva, mediando requisitoria fiscal y a pedido del damnificado o víctima del delito, deberá el juez interviniente disponer de inmediato el reintegro en forma provisional de la posesión o tenencia del inmueble, o el cese de la turbación del ejercicio del derecho real constituido sobre él, cuando el derecho invocado en la denuncia fuere verosímil y existieran indicios precisos y concordantes que lo demostraren, pudiendo fijar una caución si así lo considerare necesario”.

 

En igual sentido se expresó la Cámara de Senadores al tratar el proyecto de ley, en tanto se sostuvo que “se trata de un proyecto de ley muy simple pero de mucha efectividad y muy práctico para la situación que se está viviendo como consecuencia de la usurpación de inmuebles”.

 

En consecuencia, podríamos sostener que la razón por la cual se prevé la restitución temprana del inmueble a la presunta víctima del delito de usurpación, responde a los perjuicios que conllevan los procesos penales largos para los propios damnificados, que no verían protegido su derecho a la propiedad privada hasta tanto no se cumplan con todas las formalidades que implica el respeto al debido proceso y, en especial, al derecho de defensa.

 

De esta manera, nuevamente el Estado da muestras de que considera al sistema punitivo de modo desmedido como algo digno de alabanza y aplicable del modo más amplio posible a todos los aspectos del control social[9].

 

5.- Una similitud notable

 

Ahora necesitamos que el lector preste su atención al siguiente artículo de la legislación nacional, incorporado aun antes de la modificación del Código Procesal Penal Nacional, por la ley 24.454 de fecha 8 de febrero de 1995:

 

Art. 680 bis del CPCC. Entrega del inmueble al accionante. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra intrusos, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho fuera verosímil y previa caución por los daños y perjuicios que se puedan irrogar.

 

La similitud con la legislación de fondo en materia penal es remarcable, y la razón de ello la trataremos de exponer a continuación.

 

El artículo 680 bis del CPCC se encuentra entre las previsiones del procedimiento de desalojo (Título VII), dentro del cual se prevé, como parte del procedimiento, la devolución anticipada del inmueble que se encontrara ocupado por intrusos, o sea, presuntamente usurpado.

 

Esta normativa responde a uno de los temas que más ha preocupado a los procesalistas del derecho privado, cual es el reforzamiento de la protección cautelar para evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía. Para solucionar el problema que se plantea, no se recurrió al proceso penal (como muchos pueden entender como adecuado), sino que, para asegurar las relaciones privadas, se echó mano a las previsiones del Derecho Procesal Civil.

 

La constante búsqueda por la eficacia de la jurisdicción ha creado la falsa creencia en algunos sectores de que, si no se toman medidas que implican el uso de la Justicia Penal, nunca se podrá lograr nada. Nada es más falaz que ello. Tanto la jurisprudencia como la doctrina se han hecho eco de la mayor necesidad de eficacia, y ello ha tenido como resultado la exteriorización de amplios criterios de admisión de medidas cautelares, autosatisfactivas y anticipatorias, y la utilización, para su ejecución, de procedimientos urgentes[10].

 

La diferencia entre estas clases de medidas, y que resulta útil para analizar las que nos convoca, consisten en:

 

1. Las medidas cautelares nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que se encuentran necesariamente unidas a una pretensión que debe ser resuelta definitivamente y al resultado práctico de esta, que en definitiva es lo que la medida pretende asegurar. Por ello decimos que produce efectos interinamente, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

 

2. Las medidas autosatisfactivas son requerimientos urgentes formulados a la justicia, que se agotan con su sola disposición favorable. No necesitan de una acción principal y sus efectos son permanentes.

 

3. Por último, la tutela anticipada apunta a la satisfacción inmediata de la pretensión de la demanda, siempre y cuando la insatisfacción pueda derivar en un perjuicio irreparable. Estas medidas tienen caracteres comunes con las cautelares, sobre todo en lo referente a sus fines y sus efectos[11].

 

Ahora corresponde que ubiquemos conceptualmente al procedimiento que venimos analizando. La restitución de inmuebles del proceso privado, de la manera en que se encuentra regulada, constituye una medida de tutela anticipada, ya que no apunta a garantizar la eficacia de una sentencia, sino a lograr una satisfacción inmediata de la pretensión demandada[12]. Por otro lado, es una medida provisional, lo que implica la imposibilidad de generar los efectos de la cosa juzgada y de causar instancia. Su decisión no configura prejuzgamiento, se debe ejecutar inmediatamente y reviste el carácter de urgente.

 

Otra de las características de estas medidas, de acuerdo a lo reglamentado por el art. 680 ter del CPCC, es que uno de los requisitos para su procedencia es que se realice previamente una audiencia con la contraparte, lo que garantiza la bilateralidad.

 

No será una medida autosatisfactiva, en la medida en que estas, se caracterizan por ser conclusivas del procedimiento, no siempre requieren contracautela y pueden ser dictadas in audita parte. En cambio, en el procedimiento para la restitución temprana del inmueble al actor, el procedimiento sigue sus cauces normales hasta el dictado de una sentencia condenatoria, se requiere audiencia y contracautela.

 

Por ende, el procedimiento establecido en el art. 680 bis del CPCC, agregado aún antes del 238 bis del CPPN, resulta ser una medida urgente, que respeta la bilateralidad, que requiere una certeza provisoria y que impone la entrega a cambio de cautelas. Este es el procedimiento que legislativamente se pensó para compensar la falta de efectividad de las sentencias de los jueces civiles.

 

En consecuencia, la falsa creencia de una justicia más eficiente que otra, logró que del procedimiento civil se filtraran procedimientos al penal, a lo que aportó la creciente valorización de la persecución penal ya no como última ratio, sino como la primera y mejor opción.

 

6.- Las posturas jurisprudenciales

 

  a) La Nacional

 

Con respecto a la interpretación que se ha hecho del presente instituto por parte de la jurisprudencia nacional, es preciso señalar, en primer lugar, cuáles han sido las posturas adoptadas por cada Sala de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Al respecto, tanto las Sala I, VI y VII de la Cámara Criminal, han sostenido que “confirmado el procesamiento de los coautores del delito de usurpación, corresponde librar orden de allanamiento para que se proceda al lanzamiento del inmueble ocupado y hacer efectiva la restitución libre de ocupantes a la damnificada, con carácter provisional por aplicación de la ley 25.324, que incorpora el art. 238 bis al C.P.P.”

 

Con relación a esta postura, nos encontramos ante la dificultad de la exigencia de que exista un procesamiento de los imputados por el delito de usurpación, en tanto en el procedimiento de la Ciudad no se prevé la figura del procesamiento. A lo que se suma que, en definitiva en el procedimiento de Nación, el procesamiento da cuenta de una determinado grado de certidumbre del juez de la causa para dictarlo, en cambio, en la Ciudad, en virtud a que no existe el procesamiento y que la restitución la puede hacer el acusador, será la parte que investigue la que en definitiva deba determinar si posee el grado de certidumbre necesario para entender que corresponde devolver el inmueble a quien lo solicita. Esta solución nos deja más dudas que certidumbres.

 

Por su parte, la Sala IV de la misma Cámara fue un poco más allá y sostuvo que, “la restitución de inmuebles prevista en el art. 238 bis del C.P.P.N. no resulta de aplicación automática, pues ello extendería ilegítimamente la letra de la norma invocada. Con anterioridad a su procedencia, es necesario que existan, al menos, indicios sobre la existencia del delito de usurpación, además de los requisitos comunes a toda medida precautoria. Si la medida procede en los casos de infracción al art. 181 del C.P., necesario resulta efectuar un análisis preliminar sobre la sospecha de la existencia del delito, de la verosimilitud del derecho que se invoca y del peligro en la demora, los que, de encontrarse satisfechos, tornan procedente -previo inventario de los objetos existentes y de la fijación de una caución adecuada- la entrega del inmueble”.

 

De esta manera, se exigen mayores certezas a los fines de proceder a desalojar a una persona de un inmueble, que la sola imputación del hecho. Por otro lado, de más está decir que, si se lo interpreta como una medida precautoria, nunca podría ser dispuesta por el fiscal sin la intervención en la causa del juez de garantías que corresponda.

 

Innovadora, aunque acertada, ha sido la postura del Dr. Bunge Campos, en tanto entiende que, en virtud del mandato legal contenido en el art. 524 del C.P.P.N., por el que se debe evitar el desvío del objeto del proceso penal expresado, a su vez, en el art. 193 del mismo cuerpo, debe declararse la incompetencia para entender en la restitución de inmuebles, debiendo las partes concurrir a la vía correspondiente.

 

 

 

b) La Local

 

La jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad no ha variado la posición mayoritaria de su par de Nación.

 

La Sala I, sostuvo reiteradamente que, para la procedencia de la restitución temprana del inmueble, se requiere la comprobación de la verosimilitud del derecho, y para tenerla por probada sólo es necesaria la concurrencia de indicios de que se está en presencia del delito de usurpación[16].

 

Posteriormente, la misma Sala también hizo referencia a la necesidad de acreditar el derecho de quien pretende que se le restituya el inmueble, por un lado para que sea devuelto a quien efectivamente tiene el derecho, y por el otro, para establecer si quien tiene el derecho sobre la propiedad tiene la urgencia de que sea devuelta por este medio, es decir, si realmente habita el inmueble, lo que implicaría un indicio de dicha urgencia a poseer nuevamente el inmueble.

 

Para establecer quien tiene efectivamente derecho sobre el inmueble, se recurrió a lo establecido por el art. 2351 del C.C., en cuanto define a la posesión, y se concluyó que, aun los herederos universales se encuentran facultados para solicitar la restitución.

 

Por otro lado, con relación a la urgencia requerida para la procedencia de toda medida cautelar, la Sala mencionada entendió que, aun si el requirente no vive en el lugar, es decir, aun cuando la persona sólo se encuentre privada de ingresar a un inmueble que no se encuentra habitado, se configura la causal y procede la medida.

 

No fue muy diferente la postura de la Sala II, la que desde la primera oportunidad sostuvo que, el objetivo de la medida a estudio consiste en “evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien la solicita, esto es la protección anticipada de la garantía constitucional -derecho a la propiedad”.

 

Asimismo, entendió que los requisitos que deben comprobarse para ordenar la medida son: indicios -en atención a la provisoriedad de la etapa- de la configuración del delito de usurpación por clandestinidad, la petición de restitución del inmueble por arte del denunciante, la verosimilitud de su derecho y el peligro de demora.

 

Con relación a este último requerimiento de la norma, lo presumió satisfecho por la referencia del denunciante a que el inmueble resultaría el único domicilio que poseería, a lo que se suma la duración de cuatro meses del procedimiento desde que se recibió la denuncia. Por ello, y en tanto “es justamente ese el objeto que tutela la medida procesal dispuesta, en cuanto busca hacer cesar la comisión del delito permanente y reintegrar el inmueble anticipadamente a su legítimo propietario a fin de evitar que se tornen ilusorios sus derechos”, que entendió que se encontraba comprobado el peligro de demora.

 

Lo que resulta notable es que, a continuación de dicha interpretación, la Sala sostuvo que no tenía importancia alguna si el denunciante habitaba anteriormente el inmueble, ya que el delito no requería para su configuración dicha exigencia. En consecuencia, la postura de la Sala limitaría el concepto de peligro de demora al transcurso de tiempo que le tomó a la Fiscalía concluir la investigación, sin tener importancia si realmente los derechos de la víctima se pueden tornar ilusorios.

 

Por otro lado, y como límite a la pretensión Fiscal de proceder a la restitución de un inmueble en el que tanto la titularidad del inmueble como la comisión del ilícito se encontraban controvertidas, consideró que no correspondía hacer lugar a dicha solicitud. Para ello, afirmó que “la restitución de inmuebles no resulta de aplicación automática, puesto que de esa forma se extendería ilegítimamente la letra de la norma invocada”.

 

Por último, debe destacarse que los juzgados de primera instancia, sin embargo, no han sido tan unánimes en sus apreciaciones. Algunas de las voces disidentes han entendido que, al encontrarnos ante una medida cautelar, en virtud de los fines que persigue, resultan exigibles las condiciones que la jurisprudencia y la doctrina requieren para este tipo de medidas. En consecuencia, se entendió necesaria la existencia de una imputación de un delito, sin la cual la medida se tornaría en una intromisión ilegal en el ámbito de la intimidad y privacidad.

 

7.- Posibles implicancias

 

Una de las implicancias de la restitución del inmueble de la manera en que se encuentra reglamentado en el Código Procesal Penal local, es la posible violación a preceptos constitucionales, principalmente la presunción de inocencia contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales incorporados a la Carta Magna mediante el art. 75 inc. 22.

 

Como bien lo sostiene Díaz Bardelli, “la preferencia axiológica a favor de la defensa de los propietarios de los inmuebles ocupados” explica el desapego a normas de jerarquía constitucional que favorecen los derechos de los imputados.

 

En tanto de acuerdo al Estado de Derecho los acusados de cometer un delito deben ser tratados como inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra, la posibilidad de que se los excluya del lugar en el que habita evidencia la aplicación de pena anticipada (art. 29, inc. 1° del C.P.), con una efectiva afectación del patrimonio de éstos.

 

Esta normativa se encuentra en evidente contradicción con lo preceptuado por el art. 13, inc. 3° de la Constitución local, en tanto por un lado la medida no requiere la declaración de culpabilidad del imputado; y por el otro, el reintegro del inmueble implica un adelantamiento de las posibles consecuencias de la imposición de una condena en los términos del art. 29, inc. 1° del C.P. Es decir, no se lo declara culpable y se lo trata como inocente, pero se le aplican las consecuencias que implicaría obtener una condena.

 

No pueden descartarse las posibilidades que existen de que el imputado obtenga una sentencia absolutoria, pero aun así, deberá soportar un perjuicio económico equivalente a la aplicación de una condena.

 

Asimismo, se genera una presunción legal de que el resultado de la causa será desfavorable para el imputado. De esta manera, no sólo se lleva adelante un juicio por adelantado, sino que se presume que su resultado será negativo.

 

7.- Conclusiones

 

El procedimiento de desalojo del imputado por el delito de usurpación, es muestra clara del recrudecimiento que viene sufriendo el Derecho en general en los últimos años, el cual se dejó de caracterizar por el aseguramiento de los derechos individuales del acusado como límite al podes punitivo estatal, para pasar a integrar parte de la cruzada contra el mal, contra el crimen. De esta manera, los procedimientos que son establecidos para el Derecho Privado de fondo, se filtran en el procedimiento penal, imprimiéndoles la violencia que caracteriza a esta rama.

 

Como lo sostiene Pastor, con el fin de lograr eficacia en la persecución y el castigo de los delitos, y sumado a la creciente cantidad de procesos que inevitablemente genera la tendencia ascendente a crear más figuras delictivas, se recurre a instrumentos inconstitucionales que derogan valores que necesariamente deben ser respetados en un Estado de Derecho, y este procedimiento en una de las muestras más claras de ello.

 

El proceso regulado para la Ciudad, implica la posibilidad de que la celeridad y eficiencia no conlleven necesariamente a la violación de las garantías de los imputados. Pero la inclusión de un párrafo como el que venimos estudiando, desvirtúa tal afirmación.

 

No caben dudas que el art. 335 del C.P.P.CABA, no tiene razón de ser en el procedimiento de la Ciudad, el que es, claramente, respetuoso de las garantías de todos los ciudadanos.

 

La articulación de esta clase de medidas implica, sin más, la violación al principio de inocencia. Esto es posible afirmarlo desde la perspectiva de que el procedimiento prevé que el fiscal, una de las parte en el proceso, determine quién posee un legítimo derecho sobre el inmueble, circunstancia que debería ser debatida en el juicio oral y no en un procedimiento de medida cautelar.

 

A lo que se suma que, en tanto se entienda como medida cautelar, en su regulación no se prevé una audiencia de control, lo que además conlleva una violación al principio acusatorio y de adversariedad.

 

Por todo ello, en un procedimiento corto como el de la Ciudad, no entendemos la necesidad de efectivizar las medidas restitutivas dispuestas por el art. 335, último párrafo, del CPPCABA. Al respecto, y teniendo en cuenta que no nos encontramos frente a un delito complejo en absoluto, el proceso no podría durar, desde la intimación del hecho, más de tres meses. Lo que impide sostener que, antes de la sentencia, con el menguado grado de certeza que se requiere en la etapa de la investigación, sea constitucionalmente válido excluir del domicilio a una persona, sobre todo por las implicancias que ello acarrea respecto del principio de inocencia.

 

Procedimientos como el descripto, sólo pueden ser pensados para procesos como el de Nación, en los que, antes de la elevación a juicio, el Juez interviniente debe dar muestras de grados de certidumbre más elevados que los que puede dar un Juez en un procedimiento como el de la Ciudad, en los que es posible que no intervenga en absoluto hasta el momento de elevar la causa a juicio.

 

La alternativa, que en realidad debería ser siempre la primera opción, es el procedimiento de desalojo reglamentado por el Código Procesal Civil y Comercial, por ser eficaz, rápido y menos violento que el penal.

 

 

Rafaella Riccono

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